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Documento: El estatuto de la discordia
 
 INFORMACIÓN Y OPINIÓN

El despiece en carne viva

PEDRO CEREZO GALÁN
 

Desde que las leí en la tercera de ABC, el pasado 22 de abril, tengo las palabras de José Jiménez Lozano clavadas como un dardo en mi conciencia: "Nadie se conforma ya con menos que con el lento y jaranero despiece de España en carne viva. No se nos puede pedir más en punto a autoimbecilidad y autodesprecio". Es un trémolo sombrío, en que puede reconocerse un rumor sordo y prolongado sobre la tragicomedia de España. Hoy, con el Estatuto catalán a punto de ser votado en las Cortes, me animo a replicar, como un eco solitario, a su queja desesperanzada. Sí, lleva razón mi admirado amigo: ha comenzado el despiece, y no hay quien pueda evitarlo en medio de un espeso silencio, entre venerativo y temeroso, que va dejando progresivamente vacía la escena, cuando se teme que el destino ha marcado ya lo ineluctable. Ni sus palabras, ni las de otros muchos -aunque a decir verdad no tantos-, y mucho menos las mías de hoy servirán de nada, salvo de desahogo personal y de aviso de que muchos hemos advertido la farsa. Zapatero prometió en el Congreso que dejaría el texto del Estatuto tan limpio con una patena. La comparación hirió sensibilidades laicas y nacionalistas, pero no tanto por su carácter sacro, que no podía coger de sorpresa al fetichismo nacionalista, convertido en una nueva religión civil, sino porque venía a denunciar lo que saltaba a la vista, que aquel Estatuto contenía muchas impurezas constitucionales. Tenía el estilo de una Constitución en regla que se daba a si mismo el pueblo soberano de Cataluña, con un silencio ominoso, no ya de la unidad de España, sino de la misma Constitución del 1978, de donde arrancaba la legitimidad del Parlamento catalán que lo había aprobado. Luego vino la negociación política que pretendía, según unos y otros, aun cuando con contrapuestas intencionalidades, ajustar el texto al lecho de procusto de la Constitución, y por ultimo, el debate en la Comisión constitucional, en el Congreso y el Senado, donde se escenificaba lo que ya se había pactado entre bastidores. ¡Todo un ejemplo de democracia deliberativa, dispuesta a argumentar hasta la extenuación sus decisiones y cumplir sus compromisos! Algunos se ufanaron de que el texto había quedado bien "cepillado", con metáfora más artesanal que literaria, o limpio y bien limpio, por seguir con la comparación de Zapatero. Y hasta se ha ponderado la habilidad de los negociadores, su sentido del pacto y de la oportunidad histórica, hasta el punto de premiar habilidades y extender patentes para otras que se antojan más broncas y arduas.

Resulta difícil entender la audacia de Zapatero dispuesto a acoger y hasta a apadrinar cuanto le viniera acordado por el Parlamento de Cataluña. ¿Se trataba de un compromiso forzado por la coyuntura política del tripartito? Así lo creen muchos, pero me cuesta admitir tamaño compromiso y despropósito, cuando está en juego nada menos que la Carta Constitucional. Me inclino a pensar que la audacia pretendía dar al Parlamento vasco una lección de cuál podría ser el camino recto y cuán ampliamente accedería el Gobierno a una salida razonable, mostrando en el Estatuto catalán la plataforma de desembarco del descarriado Estatuto vasco. Hoy me parece improbable que nadie pueda hacerse sobre esto la menor esperanza. El no al Estatuto que prepara Esquerra Republicana, una de las fuerzas muñidoras del tema, anuncia lo que puede ser el enrocamiento final del PNV, o de buena parte de él, capitaneada por Ibarretxe, que sigue sin entender cómo se le denegó en el Congreso un proyecto confederal de Estado, que, en cambio, acaba siendo recognoscible en el trasfondo del Estatuto catalán. ¿Acaso porque equivocó las maneras o las alianzas? De ser así, es cuestión de buscar los nuevos modos, con tal de que se aclaren y perfilen ciertas líneas sobre el derecho al autogobierno, que pueden rondar la palabra fatídica de la autodeterminación.

Antes de proseguir quiero explicitar mi postura, y puesto que voy a denunciar equívocos, no inducir a nuevos malentendidos. No soy un reaccionario nostálgico del centralismo, como suelen calificar a los discrepantes los que han hecho del nacionalismo independentista su santo y seña. Tampoco sacralizo la Constitución, aun cuando reconozco el servicio histórico que ha prestado a este país en la transición a la democracia, apaciguando nuestros demonios familiares. Precisamente por ello, soy de los que creen que cuando hay necesidad de un cambio, debidamente debatido como se merece un pueblo adulto y escarmentado, como el español, es preferible declararlo y afrontarlo por el camino de la reforma constitucional en lugar de encubrirlo fraudulentamente. Tengo escrito en el número de Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas del curso 2004-05, que el desarrollo de la Constitución del 1978 en el horizonte del federalismo es la única salida que le queda al país para tratar de domesticar a los nacionalismos de toda laya, ya sean históricos o apócrifos, fundados o infundados, que amenazan gravemente la convivencia civil en España. Pero, ¿cómo silenciar que bajo arreglos y maquillamientos, impuestos por la indispensable cosmética constitucional, se han deslizado en el Estatuto catalán expresiones, que saben crudamente a confederalismo?

Yendo al grano, pongo algunos ejemplos significativos. En el artículo segundo del Título preliminar, para aclarar sin duda el equívoco de la Introducción entre la "nación" y "nacionalidad", se declara sin ambajes que "los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña, y se ejercen de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y la Constitución". Dejando aparte la curiosa gentileza de que preceda en la mención el Estatuto a la Constitución, no deja de asombrar que se declare de acuerdo con ésta semejante origen del poder, cuando en la Constitución la única legitimidad se hace residir en el pueblo soberano de España, que decide constituirse en régimen de autonomías. ¿Cómo puede ignorarse tan flagrantemente al único soberano y deslizar otro origen distinto de lo poderes políticos? En el momento clave, al término de la Propuesta del nuevo estatuto se enfatiza "el derecho inalienable del Cataluña al autogobierno", como si éste procediera históricamente de sí misma, y no de la transferencia del poder desde el pueblo español. Ejercer un poder de acuerdo con una norma no supone que el poder, en cuanto a su origen, esté asentado en la norma. Puede pactarse actuar conforme a una Constitución, sentado el hecho de que el poder constituyente, que así lo decide, no procede ni se legitima en ella. ¿No es esto lo que ocurre en un Estado asociado que decide libre y soberanamente permanecer junto a España? En tal caso, su poder se ejerce de acuerdo a una Constitución, pero no se fundamenta en ella, sino en una voluntad antecedente soberana.

La cosa no es de extrañar si se observa que, junto a la Constitución, y de nuevo con precedencia sobre ella, se mencionan insistentemente los derechos históricos, convertidos en el convidado de piedra. Obviamente la Constitución no puede orillarse sin incurrir en contrafuero constitucional, pero, junto a ella, se deja ver otro fundamento, que comparece sesgadamente, contrapesando el propio limite constitucional, y no dejándola imperar en solitario, como si no fuese suficiente su fundamento de legitimidad. Este contralímite es manifiesto en el artículo 5, donde se afirma que el autogobierno de Cataluña "se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán". El hecho de que la Constitución los ampare en la adicional segunda, dentro del marco constitucional, en modo alguno significa que les otorgue la dignidad de un fundamento de legitimidad distinto a la soberana voluntad del pueblo español. Como era de esperar, desde tales supuestos, el Estatuto tiende a situarse en un plano de bilateralidad entre Cataluña y España, como pacto entre poderes, y no multilateral como corresponde a un Estado federal, que se articula sobre un pacto de indivisa soberanía. El articulo 3º vuelve con el equívoco: "Las relaciones de la Generalitat con el Estado (ni siquiera se menciona que sea el Estado español, ¿para qué si es de obligado cumplimiento?) se fundamentan en el principio de lealtad institucional mutua (¿por qué no decir constitucional más clara y limpiamente?), y se rigen por el prinicipio general según el cuál la Generalitat es Estado, por el principio de autonomía, por el de bilateralidad y también (de nuevo el también para contrapesar) por el de multilateralidad". Ciertamente la Generalitat es Estado en cuanto forma parte del Estado, pero si esto se omite, por consabido, se levanta la sospecha de que es Estado, y actúa como tal, pactando bilateralmente su relación con España, y a través de ella con el resto de las comunidades autónomas. Claro está que si se dijese taxativamente que Cataluña es una parte del Estado español, de inmediato se vería el contrasentido de que una parte intente tratar de igual al todo, y establecer unas relaciones en pide de igualdad.

En cuanto a que la Generalitat actúa prácticamente como entidad soberana, se hace evidente en el tema lingüístico. En el trascendental Título I acerca de derechos y deberes, en el capítulo que se titula "derechos y deberes lingüísticos", después de reconocer el derecho del ciudadano a no ser discriminado por razones lingüísticas (art. 32) y por, tanto, a la opción de la lengua (art. 33), con que quiere ser atendido, puesto que tanto el castellano y como el catalán son idiomas oficiales del Estado español en Cataluña, se concede que el "catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje tanto en la enseñanza universitaria como no universitaria (art. 35). ¿Cómo puede garantizarse a un ciudadano su derecho constitucional a elegir y practicar su lengua en el ámbito trascendental de la enseñanza, si el Estatuto se lo deniega en la práctica? ¿Quién manda, a fin de cuentas, la Constitución o el Estatuto?

Para qué proseguir. Creo que queda claro qué significa reconocer la "realidad nacional de Cataluña", que el preámbulo define como un hecho nacional, y que la Constitución llama sencillamente "nacionalidad" -un buen arreglo semántico, guardando los formalismos-. Lo de realidad nacional es la clave del asunto. Lo que se reconoce como nacionalidad es precisamente lo que consta como el hecho diferencial de la nación catalana con derechos históricos. ¿Quien puede dar más? Se explica que el Estatuto andaluz, para no ser menos, se apunte también a la "realidad nacional" de Andalucía. Ha comenzado el despiece. Y todo empieza con un asalto al buen sentido civil y jurídico, creando confusión y equívocos, que van a generar una confrontación jurídica interminable. Limpia y bien limpia creía Zapatero que iba a quedar la patena. Que cada uno juzgue por sí mismo. Para mi está sucia y bien sucia de equívocos semánticos y jurídicos, en un Estatuto remendón, con los costurones a flor de piel, dejando ver qué significa para algunos un buen entendimiento. Yo la llamaría patena chapada con un mal baño de oro de baja ley constitucional, pretendiendo quizás ampararla contra posibles recursos. ¿Los negociadores han sido negociados o acaso esto estaba ya en el juego de confundir al ciudadano de a pie con la más barata sofistería? La única esperanza es que el Tribunal Constitucional demuestre velar por la Constitución, y deje así patente que el poder judicial es el verdadero garante del Estado de derecho. 
 

 
 
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