La mezquita de Córdoba y el nuevo anticlericalismo

MARTÍN CASTILLA

Nuestros héroes residen en la ciudad de los califas y pretenden reescribir la historia de la antigua mezquita. Han creado una plataforma con el objetivo de despojar a la Iglesia católica de la propiedad de la catedral de Córdoba, para dársela “a los ciudadanos” (suponemos que quieren decir al Estado).

No voy a entrar aquí a discutir los argumentos falaces que esgrimen, amplificados vergonzosamente por cierta prensa. Las supuestas razones y las medias verdades están desnudas para cualquiera suficientemente informado. Me limitaré a exponer unas pocas consideraciones personales sobre la deriva de este atípico caso.

Ahora plantean un órdago al obispo y el cabildo de Córdoba, pero ha estado precedido por una campaña persistente. Por ejemplo, recordemos cómo, en abril de 2010, organizaron una agresión simbólica contra la paz entre las religiones, cuando intentaron forzar el rezo musulmán de la azalá en el interior de la catedral.

Es lamentable que, por lo que declara, la Junta de Andalucía entre al trapo y parezca apoyar el desatino, acaso para no desairar a su socio de gobierno, si es que no por la situación moribunda en que se encuentra su proyecto político.

Es también lamentable que una serie de personajes emblemáticos, frecuentadores de los medios, hayan dado su firma, probablemente por adhesión gregaria a los amigos y sin haberse parado a analizar el asunto y sus posibles consecuencias.

Por muchas firmas que hayan recogido, gracias a Internet, haciendo pasar por ladrones a quienes llevan ocho siglos de pacífica posesión del inmueble y como dueños legítimos de él, ciento cincuenta mil no significan nada. Ni ciento cincuenta millones harían otra cosa que agigantar el disparate.

Sorprende que, a pesar de tanta “memoria histórica”, parezcan incapaces de recordar un hecho incontrovertible: de quién ha sido y a qué ha estado destinado el complejo de la antigua mezquita, luego catedral desde el año 1236.

Se diría que, en ausencia de política digna de tal nombre, los promotores se entregan a un militantismo ciego, seguidos por progresistas de oficio, sin duda con buena voluntad, y por grupos cristianos de base, que, mezclando política y religión, incurren en un clericalismo de izquierda, aún peor que el de signo opuesto atribuido a los obispos.

Por desgracia, las consecuencias negativas empiezan a verse ya: están sembrando la división social en Córdoba y en Andalucía, una vez más a propósito de la Iglesia. Y es de temer que, en reacción a lo que es percibido como un ataque a su religión, no poca gente incline sus preferencias políticas en tal sentido que el resultado práctico, al final, habrá sido contribuir a la llegada de la derecha al gobierno de la Junta de Andalucía.

¿Que falta hacía utilizar la religión como arma política, si lo que deseamos es un Estado laico? ¿Qué falta hace resucitar el viejo anticlericalismo, tan tremendamente funesto en la historia de España? ¿No da la impresión de cobardía esa proclama de expropiación, precisamente ahora que parece haberse levantado la veda contra la institución religiosa? ¿Por qué no son más coherentes con su izquierdismo agónico y reclaman, por ejemplo, la nacionalización de la banca en beneficio de los ciudadanos?

El pensamiento utópico propende a ilusiones que casi siempre se materializan en actuaciones socialmente destructivas. No tenemos necesidad de profetas, que denuncian y denuncian, pero llevan la cabeza vacía de soluciones realistas. Lo que necesitamos son mejores políticos y ciudadanos más responsables. A estos no los veréis tratando de reescribir partidistamente la historia.